Usos de la inteligencia artificial, impacto en la región y desafíos para su regulación
Bajo esta consigna, un panel de expertos del sector gubernamental y académico debatió sobre las implicancias que presenta el desarrollo de esta tecnología para la región.
La subsecretaria de Políticas en Ciencia, Tecnología e Innovación, Cecilia Sleiman, participó del panel “Usos de la inteligencia artificial, impacto en la región y desafíos para su regulación” realizado en el marco del Seminario Internacional “Fortalecimiento de la democracia: políticas de transparencia, participación social y derechos humanos”.
La actividad fue organizada por la Agencia de Acceso a la Información Pública (AAIP) y se llevó a cabo el día 26 de abril en la cúpula del Centro Cultural Kirchner.
El objetivo del panel, moderado por la directora nacional de Protección de Datos Personales de la AAIP, Violeta Paulero, fue reflexionar sobre la necesidad de establecer criterios y estándares que permitan calificar a tecnologías como la inteligencia artificial (IA) según sus riesgos de manera clara y transparente, y así avanzar en políticas públicas que protejan el bien común sin obstruir los beneficios del desarrollo tecnológico.
Desde el Ministerio de Ciencia, Sleiman señaló la necesidad de articular con otros organismos para aprovechar los potenciales beneficios de esta tecnología, pero aclaró que la toma de decisiones en este ámbito no debe ser guiada solo por objetivos económicos, sino también sociales y éticos.
En ese sentido, la subsecretaria destacó la importancia del Estado para orientar el rumbo que deben seguir las aplicaciones de la inteligencia artificial: “la decisión es política, es pública y tiene que tener siempre como norte mejorar alguna situación social.”
Dentro de este contexto, la subsecretaria del MINCyT mencionó que se está negociando un préstamo con el BID para fortalecer el sistema científico y universitario vinculado a ciencias de datos e inteligencia artificial y poder crear valor a partir del desarrollo de estas tecnologías.
También hizo referencia al proyecto asociativo ARPHAI, orientado a desarrollar herramientas tecnológicas basadas en IA y ciencia de datos para predecir y prevenir brotes epidémicos.
Por su parte, María Isabel Mejía Jaramillo, ejecutiva senior de la Dirección de Transformación Digital, Gerencia de Infraestructura Física y Transformación Digital del CAF, enumeró los principales usos que le pueden dar los gobiernos a la IA para el abordaje de problemas públicos, así como los riesgos que deberán ser tenidos en cuenta.
En cuanto a los usos, Mejía Jaramillo explicó que la inteligencia artificial puede ayudar en todo el ciclo de la política, desde entender una problemática, identificar las causas y armar un diagnóstico, hasta ayudar a hacer predicciones sobre la toma de decisiones frente a varios escenarios posibles.
También puede mejorar la prestación de servicios para los ciudadanos, tornándolos más personalizados, pertinentes y oportunos y, finalmente, puede hacer más eficientes los procesos repetitivos como verificar requisitos en determinado trámite.
En cuanto a los riegos, la ejecutiva hizo mención a la privacidad de los datos, la seguridad, tanto digital como física de las soluciones de IA, y a temas vinculados a la transparencia, es decir, hacer público quiénes participan o qué datos se utilizan en el desarrollo de soluciones con IA, y a la explicabilidad: el sector público debe poder explicar por qué se toma determinada decisión basada en una solución de IA.
“Por ello hay que trabajar en tener marcos éticos para el desarrollo de soluciones de la inteligencia artificial desde el sector público”, remarcó Mejía Jaramillo y puso como modelos los principios y recomendaciones de organismos internacionales como la OCDE y la UNESCO.
Para Fernando Schapachnik, director ejecutivo de la Fundación Sadosky, la inteligencia artificial generativa tiene un potencial disruptivo que no está recibiendo la atención adecuada en la discusión pública.
Durante su exposición, comparó este momento con revoluciones tecnológicas anteriores, como la máquina de vapor y la electricidad, con la salvedad de que la adopción de las nuevas tecnologías se está extendiendo rápidamente debido a la globalización y la conectividad: “sobre 7.000 millones de seres humanos que habitan el planeta se impone un cambio tecnológico con consecuencias profundísimas y nos tenemos que adecuar del día para la noche. Esto está lejos de un comportamiento ético”.
Schapanik argumentó, además, que antes de discutir el impacto ético de la IA, primero hay que ponerse de acuerdo en lo que cae bajo el paraguas de las preocupaciones éticas.
Uno de los puntos que puso en la discusión fue el tema del empleo: “¿qué tareas es ético reemplazar por una máquina, incluso si esa máquina logra una performance comparable o superior a la de un ser humano?, se preguntó Schapanik, y añadió “si logramos gracias al avance de la tecnología, quitarle el yugo a personas que realizan una tarea muy desagradable, ¿cómo hacemos para quitarles el yugo pero no el sustento?”.
Finalmente, Sofía Scasserra, directora del Observatorio de Impactos Sociales de Inteligencia Artificial y docente e investigadora del Instituto del Mundo del Trabajo, de la Universidad de Tres de Febrero, aclaró que no se pueden regular a las tecnologías en sí mismas, sino a quienes generan esas tecnologías.
Además, remarcó que los datos son un bien común y, como tales, la regulación debe trascender los derechos individuales y enfocarse en derechos colectivos, medioambientales, culturales y económicos.
En ese sentido, Scasserra destacó la importancia de una regulación regional y nacional que incorporen nuevas dimensiones de derechos tecnológicos que trasciendan lo privado para proteger a la humanidad.
“No puede ser que el derecho económico individual esté por arriba de la democracia, del acceso a la educación, del acceso a la salud, del medio ambiente, de los derechos colectivos.
Queremos que la tecnología esté puesta al servicio de la humanidad y no a la inversa, que es lo que está pasando hoy día, con una tecnología que se incorpora sin regulación”, concluyó.
El seminario, de carácter abierto y gratuito a la comunidad, convocó a actores gubernamentales, referentes de organismos internacionales, de la sociedad civil, la academia y la ciudadanía en general a debatir y reflexionar sobre los avances realizados en Argentina y en la región iberoamericana a partir del enfoque de derechos humanos.
Asimismo, fue transmitido en vivo y puede verse completo en el canal de YouTube de la AAIP.
MINCyT
